Un grupo de especialistas ambientales del Centro de Leyes de la Tierra (ELC, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en EE.UU., publicó este lunes en la revista científica PLOS Biology los argumentos para la creación de una normativa que otorgue a los océanos un estatus legal para ser reconocidos como seres vivientes con derechos fundamentales que deban ser protegidos.

Actualmente existen legislaciones que resguardan a los océanos cuyas aguas se encuentren dentro de las zonas económicas exclusivas, es decir, el área que se extiende alrededor de 370 kilómetros desde las costas de un país. No obstante, aproximadamente el 64 % del ecosistema marino está en aguas internacionales, que se encuentran fuera de la jurisdicción de cualquier nación, por lo que no existe una gobernanza sobre la mayor parte de los océanos. “Mantener el ‘statu quo’ de la ley ambiental equivale a la destrucción legalizada de la naturaleza”, advirtieron los investigadores del ELC, quienes defendieron que “el derecho internacional debe evolucionar para reflejar los derechos inherentes del océano a existir, florecer y regenerarse”, señalando que “la salud del océano es la salud humana”.

De acuerdo con la directora de campañas oceánicas del ELC, Michelle Bender, la iniciativa, conocida como Declaración Universal de los Derechos del Océano (UDOR, por sus siglas en inglés), comenzó a ser desarrollada en 2020, en colaboración con la empresa deportiva Ocean Race, para transformar la gobernanza de los océanos con el propósito de implementar la visión establecida en el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030). El objetivo principal de la UDOR es intensificar los esfuerzos para encontrar soluciones que ayuden a revertir el deterioro de los mares con miras al 2030. Al igual que el Decenio de la ONU, esto se impulsaría mediante el fomento de los avances científicos, los cuales crearán mejores condiciones para el desarrollo sostenible de los océanos.

Bender mencionó el caso de Ecuador, que en 2008 reconoció constitucionalmente los derechos de la naturaleza, conocida como ‘Pachamama’, convirtiéndose en el primer país del mundo en llevar a cabo una iniciativa de tal nivel. “Estamos aprendiendo mucho de Ecuador, porque hace más de una década que los derechos de la naturaleza fueron incluidos en su constitución”, comentó la experta.

No obstante, afirmó que “existen algunos desafíos con la implementación de “este tipo de marcos legales, tal como sucede “con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, ya que, para ponerlos en práctica, se tiene que “implementar su cumplimiento dentro de las políticas nacionales”. “Ecuador nos está mostrando cómo podemos construir estos estándares de toma de decisiones y principios para la gobernabilidad”, apuntó Bender. Asimismo, Panamá siguió el ejemplo de las autoridades ecuatorianas y el pasado mes de febrero aprobó una ley nacional que reconoce el derecho de la naturaleza como un ser viviente.

Por su parte, el director de política de Ocean Race, Johan Strid, manifestó que existen cada vez un mayor número de naciones, organizaciones, científicos y empresarios que desean apoyar la UDOR. En este contexto, aseguró que buscarán el respaldo de al menos diez países que defiendan la iniciativa en la próxima Asamblea General de la ONU, que se celebrará dentro de un año. “Las empresas tienen derechos; los humanos tienen derechos; las organizaciones tienen derechos en los tribunales de justicia”, recalcó Strid, argumentando que, “entonces, el océano debería tener el derecho a ser protegido y el derecho a prosperar”.