Las corporaciones que desarrollan tecnologías agroalimentarias han fijado a México, cuna y reservorio mundial del maíz, como blanco de sus experimentos.

Por años, transnacionales como Monsanto y Bayer –en vías de fusión–, PHI Pioneer, Dow Agrosciences y Syngenta se han esforzado no solo en introducir maíces genéticamente modificados y nanomaíces, sino sobre todo en producirlos y venderlos masivamente.

Y han avanzado en su ambición: en 29 de las 32 entidades federativas del país se han sembrado sus semillas en fase experimental, y en las tres restantes hay evidencias de contaminación y liberación ‘accidental’, según el estudio ‘Treinta años de transgénicos en México’, del ‘Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano’ (Ceccam).

Entre enero de 2005 y agosto de 2017, el Gobierno mexicano emitió 595 permisos para siembra de nueve productos transgénicos, incluido el maíz, en 5.770.000 hectáreas, en fases experimental, piloto y comercial.

“El territorio nacional está invadido por este tipo de cultivos. Habíamos subestimado la manera en cómo estaban avanzando, aunque para la fase comercial solo están autorizados el algodón y la soja”, explica Daniel Sandoval, autor de la investigación del Ceccam.

Actualmente, las transnacionales e incluso la Embajada de EE.UU. en México promueven permisos que afectarían otras 9.700.000 hectáreas, donde también podrían producir alfalfa, canola, frijol, naranja, limón y trigo genéticamente modificados.

En rechazo al maíz transgénico, se han unido científicos comprometidos con la sociedad, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, activistas, agricultores y pueblos indígenas. Y gracias a una demanda colectiva –presentada desde 2013– se han frenado los permisos que otorga la federal Secretaría de Agricultura para el caso del maíz.

Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida y representante legal en esa acción legal colectiva, señala que con los transgénicos “se está contaminando el centro de origen del maíz y se está violando nuestro derecho a la biodiversidad”.

Rodrigo Ojeda de Koning, director jurídico de Monsanto Latinoamérica Norte, lo rechaza: “No existe ningún impacto con relación a la siembra de este grano, ya que no está permitido realizarla en tanto se resuelve la demanda presentada por la acción colectiva”.

Consultado por RT, asegura que esa transnacional nunca obtuvo permisos de liberación comercial de maíz genéticamente modificado, por lo que tampoco lo comercializa.

Y aclara que, desde septiembre de 2013, la empresa no realiza actividades experimentales ni de prueba con granos transgénicos de maíz, debido a que el gobierno federal está impedido de otorgar permisos por la acción colectiva.

Así como controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas, Monsanto también lidera la carrera en México. Entre 2005 y agosto de 2017 presentó 379 solicitudes de liberación de organismos genéticamente modificados: de algodón fueron 228; de maíz, 109; soja, 32; alfalfa, ocho; y canola, dos.