“Mi nombre es Sofía Gatica, viví en Ituzaingó (barrio periférico de la ciudad de Córdoba) durante más de 20 años. Mi hija falleció a los tres días de nacimiento, por malformación de riñón, debido a los agrotóxicos”. Así se presenta una de las grandes referentes en la lucha contra un modelo agrario que mata a decenas de personas cada año y contamina el medio ambiente, divulgó ‘RT’

“Los médicos no explicaron nada, me la entregaron muerta y dijeron que la tocara, que estaba calentita. Esto fue hace 15 años atrás, no había la información que hay ahora”, relata. Aunque se planeaba realizarle una operación, la ‘beba’ no aguantó más tiempo con vida. “No sabíamos que los agroquímicos estaban enfermando a las familias”, se lamenta.

La madre vivía a 50 metros de campos de soja transgénica —modificada genéticamente para resistir a los herbicidas—, donde “fumigaban a la mañana, tarde y noche”. Se trata de productos que se esparcen en el aire, para evitar que diversas malezas ataquen los cultivos y arruinen la producción, aunque sus efectos colaterales atenten contra miles de familias. Sofía investigó y entendió la base del problema: “A este tipo de soja se le tira glifosato”, menciona: es uno de los potentes productos diseñados para matar agentes invasivos.

En el año 2009 se inició un juicio en la provincia de Córdoba por este conflicto y “a los responsables les dieron tres años de prisión y tareas comunitarias”. Los acusados apelaron la resolución, pero “la Corte Suprema falló a favor de los vecinos hace menos de un mes y la sentencia quedó firme”. Tras la primera condena, “los productores vendieron los terrenos, se les puso el nombre de ‘ecotierras’ y se construyeron viviendas ahí, sobre lo contaminado”. ¿Hace falta iniciar un nuevo litigio? Según cuenta Gatica, no se realizó ningún estudio previo de impacto ambiental.

La postura judicial no llegó por arte de magia; en el medio hubo protestas, manifestaciones públicas y cortes de ruta: “Tras las movilizaciones logramos que interviniera el Gobierno”, resalta. Sobre ello, destaca que en 2010 la presidenta de aquel entonces, Cristina Kirchner, ordenó por decreto un estudio para precisar el estado sanitario de esa zona. “Querían saber por qué se moría esta gente y determinar si era cierto lo que denunciábamos”, explica. El resultado fue devastador: “Mis hijos tienen entre tres y cuatro agroquímicos en sangre. En Ituzaingó son 6.000 habitantes, de los cuales el 33 % tenía cáncer y el 80 % contaba con estos contaminantes en sus organismos”. Así las cosas, Sofía tuvo que abandonar el barrio junto a su familia.

A partir de allí, se difundió la idea de que “el barrio era inhabitable” y eso “no le gustó al Gobierno”. Entonces, “se formó otra comisión paralela, donde participó el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y se determinó que el glifosato no hace nada”. Curiosamente, Barañao sigue dirigiendo el Ministerio en la gestión de Mauricio Macri. Palabras más, palabras menos, en Argentina todavía resuena la frase del histórico expresidente Juan Domingo Perón: para que nada cambie, lo mejor es crear una comisión.

“Hay que salir a luchar, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Nosotros lo pudimos demostrar”, resalta la militante, haciendo referencia al bloqueo de cuatro años realizado en la planta que la multinacional Monsanto —empresa dedicada a los agroquímicos— planeaba instalar en Malvinas Argentinas, una localidad de la misma provincia. “Se tuvieron que ir”, celebra, y rememora la histórica gesta de los activistas. Sin embargo, alerta que en el país se sigue sosteniendo un “modelo de muerte” y que el Estado aún negocia con las corporaciones.

El alza en el precio de esta oleaginosa en los últimos años desató el denominado ‘boom de la soja’ y muchos empresarios se lanzaron a este negocio de altas rentabilidades. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre los ciclos 2005-2006 y 2015-2016, Argentina pasó de producir 40,5 millones de toneladas a 58,5 millones, un incremento a todas luces notable.

De las casi 37 millones de hectáreas sembradas que existen en el país, el 55% estaban destinabas a este monocultivo el año pasado. Tres países, EE.UU., Brasil y Argentina, generan el 80% de granos de soja en todo el planeta, cuyo principal comprador es China. ¿Qué pasaría si los asiáticos dejaran de consumir este alimento? El resultado económico podría ser indescriptible, aunque es poco probable que la relación comercial se termine.

Otras de las consecuencias de este sistema extractivista son la deforestación de miles de hectáreas, la expulsión de comunidades indígenas y las posibles inundaciones: “La conversión de tierras con vegetación perenne, como bosques, pastizales o pasturas, a cultivos anuales, disminuye el consumo de agua anual y promueve la recarga y el ascenso de aguas subterráneas, con riesgo de anegamiento”, ha alertado Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, en el sitio web del organismo.

Más inmediatos, sin embargo, son los temas de las fumigaciones de los campos y su repercución en la salud de las personas. Y a ese respecto no alcanzaría una nota periodística para mencionar todas las leyes violadas al sostener ese modelo agroalimentario. Por citar un ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Nacional aqrgentina establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Lejos de ello, “a partir de 2002 y 2003 se empezaron a multiplicar los niños que nacen con malformaciones”. Así lo denuncia Medardo Ávila Vázquez, un médico pediatra y neonatólogo que dirigió las terapias intensivas de niños recién nacidos en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Es, además, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de esa institución y también coordina la Red de Médicos de Pueblo Fumigados.

Con la autoridad que le confiere esa experiencia, afirma: “En Argentina se están usando 400 millones de kilos de agrotóxicos, nadie le escapa. En las ciudades estamos consumiendo alimentos cargados de estas sustancias químicas, pero sin dudas los pueblos ubicados en zonas de cultivos intensivos de soja y maíz transgénicos son los más expuestos”.

Ávila precisa que lo anterior “involucra a 12 millones de personas en Argentina, que viven principalmente en zonas sojeras”, y añade que eso ocurre “sobre todo en pueblos pequeños, de menos de 50.000 habitantes, donde se fumiga cada 15 días y los vecinos se acostumbran al olor y ardor en los ojos”.

Ávila Vázquez subraya que la incidencia de problemas cardíacos, conflictos neurológicos, síndrome de Dawn o malformaciones fue siempre baja en los niños: “Del 2 %”. Pero a medida que otro modelo económico se asentó en el país, la salud de los más vulnerables empeoró drásticamente: “De pronto empezamos a tener muchos más chicos, y en algunos meses del año casi todos los pacientes de neonatología estaban malformados. Empecé en 1987 y esto antes no se veía. En otoño y en invierno, los hijos engendrados en la primavera anterior tenían una tasa de malformaciones tan alta que ocupaban casi toda la unidad de terapia intensiva neonatal. Las madres de estos niños vivían en zonas que estaban en contacto con los agrotóxicos o cultivos transgénicos”.

En esa misma línea, describe algunas de las anomalías que se presentan entre las poblaciones contaminadas: “El síndrome de Dawn es mucho más frecuente en los pueblos fumigados. También la gastrosquisis u onfalocele, que son lesiones de la pared abdominal, por lo que el niño nace con el intestino u otros órganos afuera del cuerpo. Las hernias diafragmáticas o el tubo neurológico de la médula espinal sin cerrar se acrecentaron. Algunos nacen con un enorme quiste en la espalda. Esos niños no tienen movilidad, no van a caminar nunca”.

No hace falta agregar mucho más, pero Medardo reflexiona: “Mientras una familia se enriquece vendiendo soja, otra tiene la desgracia de tener niños malformados porque la madre estuvo expuesta a esos venenos. Es una gran inequidad”.

Junto con otros colegas y académicos, Ávila Vázquez logró demostrar que “en las zonas donde hay más glifosato, hay más cáncer”, mediante una investigación publicada en el International Journal of Clinical Medicine. Allí destacaron que en la localidad provincial de Monte Maíz, que tiene 8.000 habitantes, “la incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer es de dos a tres veces más elevada que los valores de referencia para todo el país”. Por citar un ejemplo más, con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que en el resto de Argentina 115 de cada 100.000 personas mueren por esa enfermedad, en Monte Maíz la cifra proporcional vendría a ser de 383.

El entrevistado profundiza la hipótesis: “Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de otros países mostraron cómo en ratas, usando glifosato, había alteraciones tóxicas en el núcleo de las células. Es decir, funcionan de otra manera, se convierten en mutantes. Entonces, las células de nuestro propio cuerpo empiezan a hacer otra cosa, porque se enloquecieron; cambiaron su código genético tras ser alteradas por sustancias químicas. Si esas células no son eliminadas y se reemplazan por otras normales, pueden desarrollar un cáncer”.

Vale mencionar que “la OMS reconoce que el glifosato es cancerígeno”.

“Si la célula afectada es de un espermatozoide o un óvulo, vamos a tener un embrión que va a nacer modificado, con malformaciones, o que directamente no va a poder llegar al final de su embarazo, con un aborto espontáneo”, alerta el especialista.

En 2010, 2011 y 2015 se realizaron congresos médicos en pueblos fumigados de todas las provincias argentinas. Profesionales con décadas de experiencia señalaron ciertos patrones comunes.

Al compartir esas experiencias y registros, y con respaldo además de mediciones propias, el experto concluye: “En los pueblos fumigados, la tasa de abortos espontáneos en mujeres con edad reproductiva -de 15 a 40 años- está entre un 10 y 22 % en el período de los últimos cinco años. En las ciudades, el promedio es de 3 %”.

En otras palabras: en las poblaciones más expuestas a los campos transgénicos, una de cada cinco mujeres pierde su bebé.

Sobre ello, Ávila ejemplifica: “La Pampa húmeda es la zona con menos necesidades insatisfechas, con buen acceso a la educación y gran estándar de vida. Sin embargo, muchas mujeres jóvenes, aparentemente sanas, pierden sus embarazos”.

Un estudio desarrollado en 2016 por el CONICET, la Universidad Nacional del Comahue y otras instituciones, determinó que en el Alto Valle de los provincias de Río Negro y Neuquén, donde se producen peras, manzanas, olivos y frutos secos —y se utilizan plaguicidas para tal fin—, peligra la maternidad: “Los agroquímicos más utilizados en esta región poseen ciertas características químicas que favorecen su absorción desde el ambiente hacia el interior del cuerpo. Tal es así, que una vez que los plaguicidas han alcanzado la sangre materna, los residuos tienen una alta probabilidad de llegar a la placenta y desde allí al feto”.

Mientras los medios argentinos de mayor difusión callan, y la clase dirigente otorga concesiones, la avaricia empresarial mata de noche y de día en este crimen a cuenta gotas. Para describir este fenómeno capitalista, el informe también señala que “un 50 % de los plaguicidas aplicados se dispersa en el ambiente sin llegar a los blancos pretendidos, con una proporción muy alta en canales, lagunas y arroyos por deriva, escorrentía, lavado por lluvias y riego”. En aquella región viven más de 624.000 habitantes. Por si no se entendió: al presente momento, miles de personas en Argentina consumen agua y alimentos contaminados.