Un equipo internacional de investigadores dirigido por la ‘Universidad de Adelaida’ (Australia) asegura en un reciente estudio que entre el 30 y el 50 % del suministro de agua del mundo es robado anualmente y no existen regulaciones adecuada para impedirlo. La falta de una acertada definición de lo que constituye el robo de agua impide una acción coordinada de los gobiernos y las comunidades, al tiempo que paraliza cualquier esfuerzo de vigilancia de los recursos hídricos, explica la institución en un artículo.

Adam Loch, profesor titular de esa universidad y autor principal del trabajo, afirma que se trata de un tema de investigación que no ha recibido suficiente cobertura debido a la falta de datos y porque a menudo los responsables son población pobre y vulnerable de países en desarrollo. No obstante, el robo de agua “también ocurre en el mundo desarrollado, especialmente en entornos agrícolas”, subraya. Loch y su grupo desarrollaron un marco y un modelo “novedosos” para comprender en qué grado disuaden las leyes e identificar los factores que provocan el robo, y lograr así cambios en los sistemas de detección, enjuiciamiento y condena. A continuación, los aplicaron en tres casos concretos de hurto dentro de actividades que conllevan un uso intensivo de agua: la industria de la marihuana en California (EE.UU.), el cultivo de fresas en España y la producción de algodón en Australia.

Las pruebas en cada una de las situaciones, además de demostrar la utilidad del sistema y su posibilidad de usarlo en otros contextos, revelaron que cuando las instituciones “no apoyan la detección y el enjuiciamiento”, los robos aumentan. Y en muchos de estos casos, “el daño social y ambiental asociado es sustancial”, detalla Loch. “En España, los reguladores fueron agredidos por los usuarios cuando intentaron evitar que robaran agua; en EE.UU., los cultivadores de marihuana robaron agua de las bocas de incendio y la Policía se sintió impotente para hacer algo al respecto; y en Australia, el bienestar nacional sufrió y las inversiones de los contribuyentes se vieron comprometidas por el robo de agua ambiental”, escribe el investigador en una nota.

Los autores también afirman que a medida que aumenta la escasez de este recurso a causa del clima y otros desafíos, también lo hacen los factores que impulsan su robo. Si es escasa y se necesita para mantener viva una cosecha, entonces “el costo de oportunidad de esa agua puede exceder con creces la penalidad y se producirá el robo”, dice Loch. El equipo sugiere implantar un monitoreo más efectivo y un suministro adecuado para ayudar a reducir la pérdida del líquido, en combinación con mayores sanciones y mayores grados de aplicación para disuadir aún más estas prácticas. “Gran parte del enfoque mundial en este momento está en inversiones en eficiencia del agua, que podrían lograr (en el mejor de los casos) entre un 10% y un 20% de ahorro para los administradores del agua. Pero si podemos recuperar entre el 30 y el 50% del agua ‘perdida’ abordando el robo de agua, eso sería bueno para nuestro suministro de agua y bueno para nosotros”, concluye Loch.